México es rehén de Estados Unidos en cuestiones migratorias. No importa si se trata de aceptar interceptar migrantes en la frontera sur del país y retenerlos ahí lo más posible, recibirlos en territorio nacional como extensión de una oficina migratoria estadunidense en espera de su cita ante un juez que revisará su caso de asilo algún día en el futuro, o en la más reciente versión, la propuesta de la congresista republicana Elvira Salazar que acaba de retomar una iniciativa de ley de regularización migratoria que había presentado hace casi un año. El punto es que este asunto es un tema que para México es sumamente sensible porque tendrá impacto entre los millones de compatriotas (y sus familias) que radican sin documentos en Estados Unidos, además, porque acumula expectativas sobre una reforma migratoria de gran calado que se debate hace décadas en aquellas latitudes.

En concreto se trata de la propuesta que la congresista Salazar puso a consideración del Congreso esta semana de darle documentos de residencia a casi 12 millones de inmigrantes que tengan por lo menos 5 años de estar viviendo en Estados Unidos, y de esa manera, permitirles “salir de las sombras”, como se suele describir a la población sin documentos en aquel país. Lo que duele es que de este universo por lo menos 6 millones son oriundos de México, de ahí que aunque la propuesta sea una fantochada de la mencionada congresista porque la retoma justo en el que será un año convulso por las elecciones intermedias que tendrán lugar en noviembre, además, busca quitarle a los demócratas la que fue una de sus principales promesas políticas y a los republicanos, presentarlos con una imagen más suave y propositiva respecto a la postura dura contra la migración que les dejó Trump. Pero además, la propuesta parte de una idea que la propia congresista repite casi como lugar común e incuestionable, que “la residencia estadounidense tiene un precio y éste es razonable cuando se trata de vivir en la tierra prometida”.

El trámite para lograrlo consistiría en que cada persona indocumentada se presente ante un juez de migración, pague los impuestos que tuviera pendientes, que se revise su condición penal que no debe tener antecedentes, -lo que de entrada ya es un escollo porque en aquel país cualquier falta cívica incluso menor constituye parte de su record criminal que puede jugar contra las personas a la hora de un juicio-, y el gran detalle que a los republicanos les encanta pero que significa la gran trampa de esta telaraña, todo solicitante tendría que pagar 10 mil dólares (mil por año), como una cuota que la congresista denomina, restitución, que iría directamente a un fondo que a su vez, serviría para proteger la frontera y capacitar a los agentes fronterizos. Es la versión de “México pagará por el muro” que propuso Trump, pero menos directa y con menos aspavientos.

Lo que está atrás del denominado “Programa Dignidad” (Dignity Act), como se conoce esta propuesta, no es solo una jugada política como parte de la batalla electoral, si no también, el reconocimiento de algunos asuntos estructurales que la línea dura de los Republicanos busca omitir, pero que están ahí, a los ojos de todos. Por un lado, el impacto laboral de la pandemia en una siguiente fase en lo que se ha llamado la renuncia masiva (great resignation), que ha provocado que haya miles de puestos vacantes de todos los niveles, incluidos trabajadores esenciales (campesinos, empleos de la construcción, servicios de todo tipo), y por otro lado, la realidad de que el número de población extranjera sin documentos se mantiene estable desde hace casi 15 años (alrededor de 12 millones), lo que implica que una inmensa mayoría de este grupo lleva años en ese país y por tanto, son trabajadores completamente integrados a los mercados locales como los dreamers y sus padres. Y aunque se han dado nuevas oleadas de migrantes a lo largo de estos años, la realidad es que ni por número ni por perfil, constituyen un reemplazo para quienes hoy ocupan los espacios laborales que desarrollan aun siendo indocumentados. Hasta los republicanos pueden llegar a entender esta ecuación y, por eso, la propuesta de la congresista Salazar resulta realmente atractiva, aunque políticamente sin viabilidad, por lo menos durante este año.

Lo importante sin embargo, es que finalmente se retoma un debate que seguramente obligará a los propios demócratas a hablar del tema migratorio como un pendiente impostergable. Para México, el tema pone contra la pared al gobierno porque implica mantener distancia de un debate interno de otro país, pero al mismo tiempo, agilizar los mecanismos para ofrecerle a los mexicanos que radican en Estados Unidos, “héroes vivientes” como les ha llamado López Obrador, cualquier tipo de documentos de identidad que llegaran a requerir a su propia conveniencia o ilusión, frente a lo que pudiera llegar a suceder, aunque no suceda.

Es difícil que México rompa la relación asimétrica que tenemos históricamente con Estados Unidos, pero en cuestiones migratorias seguimos siendo rehenes de los tiempos políticos de ese país y, en este caso, no nos queda sino estar atentos sobre qué pasa con una propuesta como la presentada, aunque sea una jugada meramente oportunista. De las cosas positivas por decir, es probable que esta coyuntura provoque que se retome el debate sobre la necesidad de resolver la situación de millones de personas que viven en un limbo jurídico en el país que se presenta a sí mismo como la tierra prometida, aunque para pertenecer se tenga que hacer un pago que se acepta en cash y en incómodas anualidades.

Leticia Calderón Chelius

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Dra. Leticia Calderón Chelius Es profesora Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y maestra en Sociología de la UNAM. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).

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